Las diputadas que impulsaron y depositaron el proyecto de ley sobre protección integral a víctimas de violencia y coerción reproductiva dieron marcha atrás y eliminaron del texto la polémica disposición que permitía al presidente considerar un «indulto anticipado» para los médicos que practicaran abortos a niñas embarazadas víctimas de violaciones sexuales.
La pieza, firmada por la diputada perremeísta Margarita Tejeda y respaldada por otras 35 congresistas, se había presentado originalmente como una alternativa a la prohibición legal del aborto en el país, pero fue desechada.







